Por una Educación Igualitaria y de Calidad

En los últimos años se han levantado muchas consignas al calor de la lucha estudiantil: “Educación gratuita”, “Educación pública y de calidad” o “Fin al lucro” han sido algunas de las banderas de lucha que han copado las marchas, coronado las tomas de los liceos, decorado las murallas de la ciudad, etc. Y si bien sabemos que unas pocas palabras difícilmente expresan todo lo que aparece en los petitorios, si creemos que estas deben contener la centralidad de las demandas y el horizonte al que se aspira como movimiento estudiantil. 

En ese sentido ¿Por qué levantar como horizonte y aspecto central de nuestras demandas la lucha por una “Educación Igualitaria y de Calidad”? la respuesta es simple si coincidimos en que es necesario hacer un cambio estructural de todo el modelo educativo para resolver los problemas que esta tiene, inclusive la misma concepción que se tiene de la educación actualmente.  

Que la educación es un bien de consumo es algo que casi se ha hecho parte del sentido común, como también que se obtienen ganancias con nuestro aprendizaje. Y es tanta la implantación de esta forma de concebir la educación que hasta nosotros mismos la vemos lucrativamente ¿no parece ser esta una inversión más que en algún momento se retribuirá por medio de un cartón y una profesión?  

Pero ¿qué concepción podría estar en contra del entendimiento del conocimiento y la educación como una mercancía transable? Durante el 2011 e incluso en años anteriores se instaló con fuerza la idea de que la educación debe ser un derecho social garantizado constitucionalmente, es decir que el Estado asuma la responsabilidad superando su carácter subsidiario al sector privado y la mera focalización de sus recursos e incidencia donde el mercado no entra a cubrir un servicio por su baja rentabilidad. A esto se ha sumado la consigna de la hegemonía pública y control del sector privado (eufemismo para plantear un sistema mixto de provisión y oferta educativa en el que las instituciones asuman un “rol público”), pero ¿es esto suficiente?  

Cuando hablamos de Educación Igualitaria entendemos esta demanda como parte de un horizonte mayor que es la lucha por una nueva sociedad en donde la igualdad sea un principio básico. Por ejemplo, en la sociedad que tenemos actualmente aunque la educación sea gratuita o esté garantizada constitucionalmente ¿será posible que realmente un niño rico y uno pobre asimilen de la misma forma el conocimiento y reciban la misma educación? Creemos que no basta con que el Estado asegure cierto nivel educativo si la sociedad sigue reproduciendo desigualdades estructurales por medio de la apropiación de las riquezas a expensas del trabajo mal remunerado y precarizado de la mayoría. La educación igualitaria es realmente una demanda revolucionaria si entendemos que esta no cabe en los marcos y lógicas del capitalismo es decir nos estructura un horizonte social para construir nuestras plataformas de lucha y nuestros pliegos reivindicativos sin limitarnos a lo que nos impone el modelo. Y ¿qué tipo de educación igual para todos queremos? Una que esté realmente al servicio del pueblo, en donde el conocimiento sirva para el desarrollo pleno de la sociedad y de los sujetos de forma integral. Eso pensamos al hablar de educación de calidad, al igual que concebimos que para alcanzarla es necesario desalojar completamente el mercado de nuestro sistema educativo en la medida que imprime sus lógicas a lo que se entiende por calidad. 

Queda claro por tanto que el límite que impone el hablar de derechos sociales y de hegemonía pública sin profundizar el contenido estratégico de esta apuesta (horizonte) y sin dar cuenta del mecanismo concreto de la propuesta, esta reducido a un mayor peso del Estado en la garantía y regulación del sistema de educación superior. El mercado educativo queda intacto, manteniéndose lógicas como la competencia y empobreciéndose nuestra educación: sus pilares se barnizan con un leve pintarrajeo de justicia social. 

Así, los problemas seguirán reproduciéndose al dejar intacto el negocio legal o ilegal con la venta de títulos y conocimientos, por medio de un sistema segmentado, propio de la diversificación natural de un mercado, donde los sectores acomodados seguirán recibiendo mejor educación, por medio de instituciones para que los ricos puedan acceder cumpliendo mecanismos de selectividad formales o por medio del pago (si son instituciones privadas), e instituciones privadas para los pobres sin selectividad formal y por medio de alguna beca o algún crédito (subsidio a los privados)  

Para asegurar un derecho social y eliminar la noción de bien de consumo de la educación no basta con regular el mercado y darle un peso relativo mayor al sector estatal (tomando en cuenta que el sector privado absorbe más del 80% de la matricula) para que conviva con el sector privado. Si hablamos de un nuevo proyecto de educación debemos luchar por una reforma estructural integral. El mercado educacional, por tanto la segmentación y la competencia entre instituciones, debe ser eliminado, el sector estatal debe reforzarse a tal nivel que involucre un plan de financiamiento nacional como fondo de recuperación e inversión para la educación pública en su nivel básico y medio, mediante la estatización de los liceos, en su nivel técnico por medio de la creación de instituciones técnicas estatales, en sus universidades regionales y metropolitanas (que asegure un fondo basal 100% y gratuidad). Luego que se aseguren condiciones de infraestructura se deberá genera un aumento radical de la matricula estatal por medio de un acceso igualitario, sin restricciones formales o financieras más allá de las que plantee la necesidad de profesionales por parte de la sociedad según un plan de desarrollo nacional específico. De esta forma se asegura un derecho social universal para todos y no solamente un fortalecimiento de la regulación de los privados. Esta especie de sección estudiantil de un “Programa Popular” es el que define el contenido de un real proyecto educacional del pueblo y no el mero hecho formal de asambleas multisectoriales (del pequeño activo político); no se trata de procedimientos, sino de contenidos, y sólo en su combinación pueden constituirse en espacios de real soberanía popular.  

Sólo así tiene sentido hablar de “demandas estratégicas”, ya que con un horizonte claro podemos hacer material un nuevo proyecto educativo que tenga como principio el desarrollo del conocimiento y la enseñanza para todos y de forma igualitaria. Esto no sólo permite luchar por algo concreto, sino que calibra el objetivo al cual debemos apuntar. No basta con decir que hay que luchar por cualquier demanda para evitar quedarnos con las manos vacías, como plantea la mayoría de las fuerzas del pleno FECH. El límite entre la desorientación, el oportunismo y las buenas intenciones, se difumina si antes no definimos nuestros horizontes y los contenidos, aunque sean provisionales e iniciales, que le den sentido a verdaderas “demandas estratégicas” o correctas “demandas concretas”.  

!A LEVANTAR DESDE NUESTRAS ASAMBLEAS EL PROYECTO DE EDUCACIÓN QUE QUEREMOS DESDE Y PARA EL PUEBLO!